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Chihuahua

Caso López Elías: señalan posible abuso de poder por intento de ejecutar orden de captura pese a resolución federal

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La defensa sostiene que la orden de aprehensión perdió validez para las autoridades estatales tras la intervención de la justicia federal.

Acusan a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de recurrir a otras entidades mediante solicitudes de colaboración presuntamente irregulares.

La actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta cuestionamientos por el manejo de una orden de aprehensión contra José Pedro López Elías, cuya ejecución considera jurídicamente improcedente la defensa del consultor.

El abogado César Gutiérrez Priego sostiene que las autoridades estatales perdieron facultades para ejecutar la captura después de que la justicia federal asumiera competencia sobre la causa penal 3050/2024.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, un Tribunal Colegiado determinó la competencia federal el 9 de enero de 2026, decisión confirmada durante una audiencia celebrada el 24 de agosto.

Pese a ello, la defensa denuncia que anteriormente se habían solicitado apoyos a fiscalías de otras entidades mediante mecanismos que considera contrarios a las disposiciones legales.

Entre las irregularidades señaladas destaca el presunto uso de la Fiscalía General del Estado como intermediaria para gestionar colaboraciones en nombre de la Fiscalía Anticorrupción, incluso sin convenios que respaldaran dichas solicitudes.

Los abogados sostienen que esa actuación excedería las facultades de las instituciones involucradas.

El señalamiento plantea cuestionamientos sobre los controles institucionales para evitar que una orden judicial sea utilizada fuera de los límites legales establecidos.

Ante este escenario, la defensa anunció que informará a las fiscalías del país sobre su interpretación de los efectos de las resoluciones federales, con el propósito de impedir nuevas colaboraciones para ejecutar la captura.

La validez y los alcances de esas determinaciones deberán verificarse conforme a los documentos judiciales correspondientes.

El caso exige esclarecer qué autoridad tiene facultades para actuar y si existieron solicitudes de colaboración incompatibles con el marco legal.

También obliga a revisar si las instituciones estatales respetaron los límites de su competencia durante el procedimiento penal.

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