Abogados de Baja California expresan preocupación por reestructuración del Poder Judicial Federal.

Tijuana, Baja California. – La reciente reestructuración del Poder Judicial Federal en Baja California ha generado inquietud entre integrantes del gremio de abogados en la entidad, quienes advierten posibles afectaciones tanto al acceso a la justicia como a la eficiencia del sistema judicial en la región.

El movimiento, impulsado como parte de los ajustes administrativos que se realizan a nivel nacional en el Poder Judicial, contempla el cierre de varios juzgados de distrito, así como la redistribución de competencias entre los órganos judiciales existentes. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha defendido estos cambios como una medida para optimizar recursos y mejorar la operación judicial, los especialistas locales en derecho no están convencidos.

Diversos abogados manifestaron que la eliminación o fusión de juzgados podría derivar en mayores cargas de trabajo, tiempos de espera más prolongados y una mayor distancia geográfica para los justiciables, lo cual afectaría de forma directa a los ciudadanos que buscan resolver asuntos civiles, penales, laborales o administrativos en instancias federales.

“El acceso a la justicia debe garantizarse con cercanía, agilidad y personal capacitado. Si cierran juzgados sin considerar el contexto local, estarán limitando un derecho constitucional”, señaló un litigante de Tijuana que prefirió mantenerse en el anonimato.

Además, asociaciones de abogados del estado han comenzado a organizar pronunciamientos y posibles estrategias legales para solicitar que se revise la decisión, argumentando que no se tomaron en cuenta las particularidades demográficas, sociales ni geográficas de Baja California, una entidad con una dinámica fronteriza y judicial muy distinta a la de otros estados.

La preocupación también se extiende a posibles despidos de personal, afectaciones laborales a trabajadores del Poder Judicial y la sobrecarga operativa en los tribunales que permanezcan abiertos.

El gremio considera que, si bien es necesario hacer ajustes en el sistema judicial para mejorar su eficiencia, estos cambios deben realizarse con una planificación más detallada, diálogo con los actores involucrados y una evaluación del impacto en los usuarios del sistema.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura específica sobre los señalamientos hechos desde Baja California, aunque se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el alcance real de la reestructuración en la entidad.