Siguen vigentes procesos legales contra Fisamex

“Tenemos conocimiento de las devoluciones que los juzgados de distrito han ordenado, seguimos con la secuela de litigios”, indicó Díaz Meza

Tijuana.- Aún se mantienen vigentes amparos en contra de los cobros que promovió Fisamex durante la administración pasada, informó el subconsejero jurídico del gobierno del estado, Julio César Díaz Meza.

Durante la conferencia semanal de la administración estatal, señaló que el proceso legal sigue su curso, por lo que se han tenido que recurrir a diversos recursos en las instancias correspondientes.

“Se tiene conocimiento y se han atendido puntualmente cada uno de los amparos que se han promovido en contra de las determinaciones que se hicieron por parte de la empresa Fisamex. Tenemos conocimiento de las devoluciones que los juzgados de distrito han ordenado, seguimos con la secuela de litigios, seguimos interponiendo los recursos de revisión correspondientes”, comentó.

Díaz Meza aclaró que hasta en tanto se dicten las resoluciones finales, el gobierno estatal dará seguimiento a los procesos que se mantienen vigentes.

“Desde luego hemos iniciado los procedimientos administrativos para buscar deslindar responsabilidades en contra de funcionarios y exfuncionarios que de alguna manera han intervenido en la celebración de estos contratos”, agregó.

El subconsejero jurídico no especificó qué funcionarios o de qué rango serían los involucrados en esos contratos con Fisamex, a los que se les iniciaría algún tipo de procedimiento.

“El compromiso es garantizar el patrimonio de los bajacalifornianos hasta en tanto se den cumplimiento a estas resoluciones estaremos haciendo lo propio”, aseveró.

Respecto a este tema, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se limitó a responder que se continúa con el litigio, por lo que se presentarán los recursos necesarios “para proteger las finanzas estatales”.

Cabe recordar que la empresa ROMAFAM, S.A. DE C.V. (Fisamex) fue contratada por el gobierno estatal encabezado por el actual senador Jaime Bonilla Valdez para realizar el cobro por derechos de conexión del servicio de agua y alcantarillado a usuarios no domésticos en Baja California.