Aumentan muertes en penitenciaría

Durante 2022, falleció en promedio una Persona Privada de su Libertad (PPL) por semana en el estado.

Tijuana.- Fernando, Leonardo, Misael y Leo, son solo cuatro de las más de 100 personas que murieron en los últimos años en las prisiones de Baja California, donde están aumentando significativamente las defunciones de internos.

El primero, víctima de una parálisis cerebral, terminó sus días en un espacio antihigiénico y sin condiciones para su padecimiento, donde le fue asignado no un especialista, sino otra Persona Privada de su Libertad (PPL), para asistirlo en sus necesidades fisiológicas y con ejercicios de rehabilitación.

Leonardo comenzó con un problema de la sangre y murió por pancreatitis, Misael perdió la vida a consecuencia de un golpe en el estómago que le propinó un compañero de celda, y Leo murió por tuberculosis.

Datos de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe), obtenidos en respuesta a una solicitud de información, dicen que entre enero de 2016 y el 2 de marzo de este año hubo 158 decesos en las cárceles de Baja California; 147 hombres y 11 mujeres que estaban purgando condena o enfrentando un proceso judicial en su contra, por lo que ante la ley estos últimos eran inocentes.

Más del 30% de las muertes ocurrieron en el bienio de Jaime Bonilla Valdez, y casi el 50% en apenas 14 meses de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La autoridad responsable dice que las muertes son habituales en una población penitenciaria numerosa como la de Baja California, pero los números indican que no es común la velocidad con que crecieron entre 2020 y 2022.

Durante 2022, murió en promedio un interno por semana en alguna de las cinco cárceles bajacalifornianas.

En febrero de este año, durante una protesta en la penitenciaría de Tijuana por el traslado de más tres mil internos a otras cárceles para disminuir la sobrepoblación, familiares ya denunciaban una extraña ola de decesos.

“El derecho a seguir viviendo más que nada, porque últimamente han estado sucediendo muchas muertes. Cada semana hay dos o tres defunciones por supuestamente adicciones”, dijo Nahum Norberto Rojas, uno de los manifestantes.

Las muertes de Fernando, Leonardo, Misael y Leo fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien considera que nada tienen que ver con drogas.

“Perdieron la vida por la falta de atención médica oportuna”, dice la recomendación 2/2022, una de las tres que el organismo emitió al sistema penitenciario en enero del año pasado.

La Comisión encontró serias deficiencias en la atención médica debido a la falta de personal, desabasto de medicamento y omisiones tanto de las autoridades penitenciarías como de la Secretaría de Salud para casos que requieren hospitalización.

El gobierno de Ávila Olmeda aceptó las recomendaciones y en comunicado de prensa dijo que estaba atendiendo las fallas, pero a más de un año la CEDH informó que el derecho a la salud es de los más relegados.

Edgar Farías estuvo preso en la penitenciaría de Tijuana entre finales de noviembre de 2022 hasta principios de enero de este año, y fue testigo de emergencias médicas.

El nombre es ficticio, pidió no ser identificado por temor al estigma que acompaña a quienes caen presos.

“Gritabas 911 y ya venían y los sacaban arrastrando. Me tocó ver a dos, tres personas que sacaron y las llevaban de los brazos”, contó.

Los hombres inconscientes eran arrastrados por sus propios compañeros bajo la supervisión de personal de custodia, recuerda.

LAS MUERTES

El año pasado que la CEDH presentó las tres recomendaciones fue el más mortal en las cárceles bajacalifornianas con 50 decesos.

María Elena Andrade Ramírez, comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, reconoció el incremento y lo atribuye a que la población penitenciaria creció 10% hasta llegar a los 13 mil 600 PPL este año.

Se trata de la segunda población más grande a nivel nacional, según ha destacado la comisionada.

“Es un margen adecuado. Me refiero a los porcentajes de aumento. Lamentablemente las personas fallecen, no quisiéramos que sucediera. En cualquier muerte, que la gran mayoría las tenemos determinadas como muertes naturales, damos vista a la fiscalía”, comentó.

Aunque creció la población penitenciaria desde 2020, datos del mismo sistema penitenciario obtenidos por transparencia muestran que hay años con más personas en prisión y menos muertes.

En 2016, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entrevistó a 14 mil 733 presos para lo que fue el primer Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, Baja California reportó un solo deceso y fue por infarto agudo al miocardio. 

Tres años después, en 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contó 10 mil 824 PPL, y al mismo tiempo las muertes rebasaron la primera decena.

El descuido se acentuó en 2020 a consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus durante la gestión del morenista Bonilla Valdez, hasta convertirse en un ambiente propicio para una gran cantidad de enfermedades.

“Todos los males en materia de salud los puedes encontrar dentro del sistema penitenciario”, afirma el presidente de la CEDH, Miguel Ángel Mora Marrufo.

Fernando, Misael y Leonardo, tres de las cuatro muertes documentadas por ese organismo en la recomendación 2/2022, ocurrieron en 2020.

Misael y Leonardo murieron con unas horas de diferencia en la cárcel de Tijuana un par de días antes de Nochebuena. Desde allí, el personal penitenciario solicitó sin éxito en múltiples ocasiones su traslado a un hospital.

Lo mismo ocurrió en “El Hongo”, donde murió Fernando en noviembre luego de casi un año de su parálisis cerebral.

La recomendación dice que el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), responsabilidad de la Secretaría de Salud, es “ineficaz” para garantizar la atención hospitalaria de internos que requieren ser excarcelados.

“Si bien, las instituciones públicas de salud se encontraban rebasadas en su capacidad, en ningún momento el CRUM consideró a los establecimientos privados aún cuando Fernando, Misael y Leonardo requerían atención médica de urgencia para preservar su vida, lo cual constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante”, dijo la CEDH.

Igual que otras 83 personas, incluidas siete mujeres a lo largo de los últimos siete años, Misael y Leonardo fallecieron esperando también que el Poder Judicial resolviera si eran culpables o no de lo que se les acusaba.

REZAGO

La comisionada del Sistema Penitenciario afirma que al inicio de la administración encontraron alrededor de 300 papeletas médicas solicitando atención, de las que 200 ya fueron cubiertas y el resto están agendadas.

El sistema penitenciario solo puede brindar atención de primer nivel y las consultas con especialistas debe coordinarlas con la Secretaría de Salud, a través del CRUM, para realizar los traslados a hospitales. 

Para facilitar operaciones hay un quirófano en la penitenciaría “El Hongo” de la ciudad de Tecate, pero está fuera de servicio. Andrade Ramírez dice que desconoce la causa y las razones.

“Lo encontramos inhabilitado. Creo que es la segunda fase en la que estamos haciendo la atención en los centros penitenciarios. Primero tuvimos que entrar con los temas de estabilización porque nos dejaron los centros penitenciarios operativamente en muy malas condiciones”, respondió.

La comisionada se refiere, entre otras cosas, a la sobrepoblación carcelaria que obligó a esta administración a reubicar ocho mil internos, incluidos algunos de alto perfil criminológico, para reducir el hacinamiento y el riesgo de motines como los registrados en 2021 y 2022.

También retiraron toneladas de basura que dieron pie a la presencia de ratas en penitenciarías como la de Tijuana.

“Pero unas ratotas. Grandes, y no te temen. No es que te vean y salen corriendo”, cuenta Edgar Farías.

Familiares afirman además que todavía tienen problemas para ingresar medicamentos que deben comprar porque no los hay en las penitenciarías, y en ocasiones ni siquiera les dan recetas.

Muchas de esas familias, sobre todo las de quienes han muerto en las prisiones, se resisten a denunciar abiertamente.

“Nos han dicho: ‘Tú hablas, él paga’. Ese es el temor”, dijeron durante la protesta del mes de febrero.

Además, el presidente de la CEDH dice que aún falta personal médico en las penitenciarías para la atención de primer nivel.

Edgar Farías lo vio mientras esperaba incomunicado en “el ochito”, el edificio donde los recién ingresados pasan días enteros antes de ser trasladados a las celdas que corresponden al delito que enfrentan.

“No tienes nada, no puedes ni hablar con tu familia hasta que no venga tu abogado. No hablas por teléfono. Los primeros dos, tres días, son un poco fuertes porque no sabes qué está pasando afuera, no sabes si tu familia sabe qué está pasando, no sabes si alguien está haciendo algo”, contó.

En ese espacio convivió temporalmente con un hombre que claramente necesitaba atención médica y no la recibía.

“Iba baleado de una mano y de una pierna, la bala entró y salió (…) Yo creo que estuvo allí como tres días”, mencionó.

QUEJAS

El Sistema Penitenciario de Baja California encabezó en 2022 la lista de autoridades con más quejas ante la CEDH: 198 de los 944 expedientes abiertos fueron en su contra.

En su informe anual ante el Congreso local, el pasado 19 de abril, el organismo calificó como “hecho histórico” la emisión de las tres recomendaciones a las autoridades estatales con responsabilidades en el sistema penitenciario.

“Donde observamos un menor avance del cumplimiento de los puntos recomendatorios es precisamente la Secretaría de Salud y la Secretaría General de Gobierno”, dijo el presidente Mora Marrufo en entrevista con El Sol de Tijuana.

Pero la molestia de los familiares de internos no se concentra solo en el sistema penitenciario, sino también en contra de la CEDH porque consideran que no ha hecho lo suficiente.

Durante la manifestación en febrero de este año, las familias reclamaron falta de resultados al personal del organismo que seguía de cerca su protesta.

Miguel Mora asegura que al final de su gestión, en septiembre de este año, notificará al Congreso qué autoridades no han cumplido con sus recomendaciones para que sean llamadas a responder ante el pleno.

“Estamos en esa ruta, también es un proyecto que puede incluso internacionalmente ascender y esto debe ser acompañado por los familiares”, comentó.

La urgencia de atender las deficiencias es clara porque este año las muertes no solo han seguido, sino que se aceleraron.

Las cifras obtenidas vía transparencia dicen que entre el 1 de enero y el 2 de marzo murieron 20 hombres y dos mujeres más*

Esto es el 44% del total de muertes del año pasado en menos de tres meses. 

Esa es solo una de las razones por las que familiares de internos programaron una nueva manifestación para este martes 2 de mayo. (Vicente Calderón colaboró en la edición de esta nota). *Un caso está fechado el 5 de diciembre de 2022.